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GACETILLA DE PRENSA

2.000 HECTÁREAS: LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA QUE LA NATURALEZA
Y EL HOMBRE CONVIVAN EN ARMONÍA

De diferentes ámbitos se escuchan voces preocupadas por lo que ocurre con la intrusión en las 2.000 hectáreas. Es sabido que esta situación fue aprovechada por diferentes aparatos políticos a fin de sumar votos y simpatías entre los ocupantes a partir de promesas electoralistas sobre la tenencia de las tierras. Otra de las causales son los que se aprovechan de estos conflictos para hacer sus negocios inmobi-liarios en las tierras ocupadas, o bien los que rapiñan la madera talada, o los que construyen mejoras pa-ra luego venderlas. En fin son muchas las prácticas ilegales que generan situaciones como estas, que nacen desde la ilegalidad.

A partir de la orden de no innovar dictada por el Juez en lo civil y comercial de Eldorado, se crea un vacío legal que vuelve la situación incontrolable. Rozados, tráfico de maderas de ley, venta de leña, y otros recursos del monte, como palmitos y orquídeas, son prácticas habituales de muchos de los intrusos de las 2.000 hectáreas, violando las leyes ambientales vigentes de la provincia. Amen del impacto sobre los recursos florísticos, la destrucción de este ambiente natural afectara a muchas poblaciones de especies de fauna, algunas de las cuales se encuentran seriamente amenazadas.

El desmonte indiscriminado en este estratégico sector de la provincia, desde el punto de vista de la conservación, afecta en forma directa la zona de amortiguación del Parque Nacional Iguazú (sitio patri-monio mundial declaro por la UNESCO) cuyo límite, el arroyo Mbocay, sufrirá las consecuencias de la contaminación antrópica de sus aguas (contaminación por uso de agroquímicos, residuos sólidos y líquidos, basura, etc.) y los efectos erosivos que producirá el desmonte de sus riberas, con el agravante de que dicho arroyo es el suministro de agua de la población de Iguazú. Por otro lado será más fácil el transito de cazadores furtivos y palmiteros hacia el parque nacional y además se incrementará el peligro de que los fuegos provocados por los “Rozados” se extiendan dentro del área protegida.

En este contexto es inherente que el Municipio de Iguazú y el estado provincial adopten medidas urgen-tes a fin de evitar mayores daños ecológicos. Es necesario el mantenimiento de los bosques nativos en las riberas de todos los arroyos que la atraviesan (bosques protectores y permanentes / ley 853) a fin de garantizar el agua potable para la propia población que se establecerá en este sector. Asimismo, esta propuesta podrá enmarcarse a partir de la creación de Reservas Naturales Municipales en el arroyo Mbocay, Aº del Medio, la Ribera del Paraná y otra que se encuentre recostada sobre el límite con el Par-que Nacional Iguazú. Estas reservas actuarán de colchón protector entre la población de las 2.000 hectáreas y el Parque Nacional Iguazú, evitando los potenciales problemas antes mencionados (incen-dios, erosión, etc.).

Un desarrollo urbano planificado, debe contar con espacios verdes naturales donde se puedan desarrollar actividades recreativas y ecoturísticas, se asegure la conectividad de las áreas protegidas vecinas, se conserve el agua y el suelo, y se mantenga un paisaje selvático integrado al desarrollo urbano y agrícola que le impregne un sello distintivo.

Las áreas protegidas que rodean la ciudad de Iguazú, el Parque Nacional, la Reserva Natural del Ejercito y el propuesto Parque Provincial Península, son la esperanza argentina y mundial de conservar una mu-estra de la selva paranaense que una vez cubrió todo el sur de Brasil, el este de Paraguay y la provincia de Misiones. El Corredor Verde Trinacional, que tiene como objetivo fundamental conectar el Parque Nacional Do Iguazú (Brasil), el Parque Nacional Iguazú y la Reserva Científica Moisés Bertoni (Paraguay), corre serios riesgos ya que, de continuar este proceso de deterioro ambiental, se cortaría la conectividad entre estas dos últimas áreas protegidas.

Dada la complejidad del conflicto, donde encontramos implicancias sociales, políticas, ambientales y religiosas, entre otras, resulta necesario llamar a un dialogo abierto, participativo y democrático, que in-cluya a todos los sectores involucrados a fin de encontrar una solución definitiva a un conflicto que de no solucionarse establecerá un precedente sumamente negativo para la Provincia de Misiones y en parti-cular para el Municipio de Iguazú.    

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