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GACETILLA DE PRENSA

CANALIZACIÓN IGUAZÚ-URUGUA-Í: UNA OBRA INSENSATA
PELIGRA LA CONEXIÓN ENTRE LOS PARQUES IGUAZÚ Y URUGUA-Í

 

Tanto desde el punto de vista económico social como ambiental, es inconcebible el proyecto de trasvasa-miento del río Iguazú hacia el arroyo Urugua-í para optimizar la central hidroeléctrica Urugua-í.

El agotamiento de los recursos naturales, su incidencia en la salud humana y la búsqueda de soluciones para revertir este proceso es un tema que forma parte de la agenda mundial en los últimos años. Nadie puede negar u obviar que se impone la racionalización en el uso de los beneficios que otorga la naturaleza y en ese sentido, Misiones se ha puesto a la vanguardia en los últimos años al sancionar importantes leyes ambientales. Sin embargo, todo indica que las sensatas medidas ambientales del Gobierno misionero -la única provincia argentina con un Ministerio de Ecología- hoy no son más que promesas opacadas por fuertes intereses económicos.

La falta y/o contaminación del agua provoca la muerte de un niño cada ocho segundos y es la causa del 80 por ciento de las enfermedades en los países en vías de desarrollo. La Argentina y Misiones en particular tienen un enorme desafío en ese sentido, ya que en este territorio y en gran parte del planeta urge conservar las vertientes de agua dulce para evitar grandes catástrofes.

Los misioneros tienen herramientas para asegurar la permanencia del recurso acuífero, entre ellas la Ley 3.631 Corredor Verde que fue creada, entre otros objetivos, con la finalidad de “proteger las nacientes y altas cuencas de los ríos y arroyos que constituyen el sistema hidrográfico de la provincia”, y no dependen exclusivamente de la energía que genera la represa Urugua-í, máxime si se tiene en cuenta que se prevén construir otras en los ríos Paraná, Uruguay y sus afluentes (Corpus, Garabí, la elevación de la cota de Yacyretá, etc.). Entonces, ¿qué justifica modificar 1) el curso de un río (nada más y nada menos que el que da forma a las maravillosas Cataratas del Iguazú), 2) alterar una de las regiones más ricas en biodiversidad (el parque Urugua-í) y un arroyo que es el sustento de todo un ecosistema (Urugua-í)? ¿Por qué hay tan poca información sobre este proyecto que impulsa Electricidad de Misiones Sociedad Anónima (EMSA)? ¿Por qué razón por un lado desde EMSA aseguran que se trata de una incipiente iniciativa y por otro lado la misma institución declara que el proceso se iniciará todavía este año? ¿Por qué hay tanta urgencia si con ello no se resolverán problemas inminentes como la falta de empleo -una obra así dispone de tecnología de avanzada y pocos obreros-? ¿Por qué en el Ministerio de Ecología nadie sabe explicar de qué se trata -la Ley 3.631 establece que la Unidad de Gestión del Corredor Verde debe intervenir en estos casos y además la iniciativa afecta al Parque Urugua-í? Son muchos interrogantes y una certeza: como en otras ocasiones, a la sociedad no se la ha involucrado en la decisión de una operación que modificará su patrimonio -la naturaleza- y afectará a esta y a las futuras generaciones.

Desde el punto de vista ambiental, hay varias razones que desestiman la obra y una de la más contundente es quizás el hallazgo de una especie de ave que está al borde de la extinción, el pato serrucho, y cuya conservación depende de la selva y los arroyos misioneros (es la única provincia argentina donde el pato cuenta con registros). La represa de Urugua-í anegó con su lago de 8.500 hectáreas importantes territorios del pato (incluyendo el sitio de donde se conocía el único nido descubierto) y parte del curso de agua de algunos de sus afluentes, como el arroyo Uruzú, donde el ave tenía registros habituales en la década de 1980. Recientemente, después de casi 10 años se la volvió a ver en este último lugar, justo donde EMSA prevé instalar la obra que -de concretarse- cambiará el ecosistema y con ello desaparecerá un recurso importante por su valor científico, ambiental y turístico. Además, se alteraría el plan de manejo del Parque Provincial Urugua-í, que se ha desarrollado en coautoría con el Parque Nacional Iguazú para asegurar el intercambio y la continuidad de la flora y fauna al unir a través de una franja de tierras privadas a ambas áreas protegidas, y se alteraría la ictiofauna al mezclarse las especies que habitan en los ríos Iguazú y Urugua-í (pertenecen a la misma provincia pero poseen diferentes especies de peces).

La optimización de la represa Urugua-í ni siquiera puede plantearse como un recurso en el marco del Convenio Mundial de Cambio Climático, como ha ocurrido con otras obras de este tipo. Es que las hidroeléctricas no pueden ser consideradas como “energía limpia”, ni “renovable" ya que atentan contra la biodiversidad, favorecen la propagación de enfermedades y epidemias, contaminan el agua y emanan gas metano.

Teniendo en cuenta lo expuesto, si lo que necesitan EMSA y los misioneros es asegurar la disposición de energía eléctrica, ¿no es más rentable y viable concienciar a la población -a través de información clara- sobre la limitación del recurso disponible y la necesidad de hacer un uso más racional del mismo? Quizás no sea suficiente, pero seguramente será más efectivo educar a la población que reparar los daños que se cometen por no aplicar prevención.

La experiencia indica que es imprescindible enseñar a ahorrar electricidad y pensar en nuevas fuentes de energía (a modo de ejemplo: son cada vez más los ciudadanos europeos -el problema de la dependencia energética se agudizó en los últimos en la Unión Europea- que demandan información en ese sentido y esperan beneficios importantes desde el punto de vista de la protección del ambiente -un 38 por ciento de los ciudadanos estaría dispuesto a pagar más por utilizar “energía verde”). Por eso, el primer paso de un Gobierno comprometido con su pueblo debería ser asegurar que la compañía eléctrica esté obligada a informar de todas las fuentes de energía utilizadas para generar la electricidad que vende y los impactos ambientales asociados (lo que debe ser divulgado de manera clara y comprensible, en cada factura, a todos los consumidores), y a realizar campañas sobre formas de uso racional de la electricidad.

Conviene informarse bien, saber qué es lo que vamos a comprar, a quién, y cuál será el efecto sobre el ambiente y en definitiva sobre nuestras propias vidas, la de nuestros hijos, la de nuestro nietos...
 


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